Lima, Perú (Spacio Libre).- Días claves los que vivirán las víctimas del conflicto armado interno entre 1980 y 2000, pues dentro de 3 días (31 de diciembre) finalizarán las inscripciones en el Registro Único de Víctimas (RUV) para recibir las reparaciones civiles, a causa del Decreto Supremo N°051-2011-PCM, que se aprobó durante los últimos días del gobierno de Alan García.

Ante los hechos, Spacio Libre se comunicó con Gisela Ortiz, integrante del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), y hermana de Enrique Ortíz, uno de los estudiantes ejecutados y desaparecidos en La Cantuta; y con Jairo Rivas, secretario técnico del Consejo de Reparaciones y estas fueron sus declaraciones:

Decreto Supremo 051:

Lo que establecía el decreto era en un principio que el Registro Único de Víctimas (RUV) cerraría el 31 de diciembre de este año. El monto de las reparaciones económica individual sería de 10 mil soles con algunas características para algunos beneficiarios como el tema de la edad, para los pobres que sean mayores de 80 años, y para el caso de los viudos o viudas mayores de 60 años. (Gisela Ortiz)

Tema 1: Plazo para las inscripciones ¿discriminación?

Nosotros desde el primer momento hemos manifestado nuestra disconformidad con ese decreto. Primero porque cuando se creó el Registro Único de Víctimas, el sentido de la ley era que sea un registro permanente, no solo porque hay muchas gente que está desinformada, muchos familiares, sino también porque el Estado nunca le dio presupuesto al RUV para que pudiera hacer visitas a cada una de las comunidades para recoger información de las víctimas, y por ende inscribirlas. Creo que falta un 20 o 30% de personas que se quieren inscribir.

Por otro lado, con el recorte presupuestal, la gente que se quedó trabajando en el RUV, aquí en Lima fueron 3, y 3 para evaluar lo de las 60 mil inscripciones que habían era un absurdo. Entonces, es todo un proceso que está en construcción, y no debería cerrar.

Lo peligroso de ese decreto que estaría ordenando de alguna manera el cierre del RUV hasta el 31 de diciembre, es que mucha gente que ha sido víctima de la violencia va a quedar excluida por parte del Estado, excluida de sus beneficios.

Sería una especie de discriminación, porque el Estado tiene que garantizar el ejercicio del derecho de cada una de las víctimas, y lo que está haciendo es más bien recortando un derecho al poner un plazo. Se hubiera entendido el plazo, siempre en cuando el Estado haya hecho todos los esfuerzos para recoger información e incluir a las víctimas, con muchas más gente, con mucho más presupuesto.

Entonces es contradictorio que pongan plazos. En el sentido que el RUV es reconocimiento al daño que se causó en la época de violencia por acción del Estado o por inacción del mismo, y que en ese sentido reparador debería ser el Estado el que vaya a buscar a las víctimas, a los familiares.

En este caso las únicas oficinas que han quedado abiertas es las que están en las capitales de las regiones, y un familiar que vive en zonas alejadas tienen que venir a Huamanga, costeándose su pasaje, su hotel, su comida para poder inscribirse trayendo todo los documentos, y luego entra a un proceso de evaluación que toma muchísimos meses, en los cuales el familiar tiene que volver a Huamanga a preguntar cuál es el estado, todo un proceso complicado.

La ley en su creación hace como 3 años atrás pedía que el registro sea permanente, cuando Alan García saca este decreto en junio de este año le pone plazo. (Gisela Ortiz)

La opinión que voy a dar es la opinión que los integrantes del Consejo de Reparaciones le enviamos a la ex Primer Ministra, Rosario Fernández, y que se le ha vuelto a reiterar a Óscar Valdés. Le hemos dicho que el contenido de este decreto es inconveniente por muchas razones, es una especie de discriminación, porque víctimas que se inscriban después del 31 de diciembre, no serán reparadas. (Jairo Rivas)

Tema 2: Monto de la reparación, 10 mil soles

Otro tema es el monto de la reparación, Alan García dejó una reparación inconsulta (porque no le consultó a nadie) de 10 mil soles. Ahora, la Dra. Isabel Coral, secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros de este gobierno había aceptado una propuesta de cambio que vendría a ser de 36 mil soles.

Si el 31 de diciembre no se cambia va a seguir en 10 mil soles y eso es una víctima.

Quiero que el estado lo modifique, que la PCM discuta la moratoria del DS-051 y que se modifique en el sentido de dejar abierta el registro de víctimas y la indemnización económica. (Gisela Ortiz)

Lo que han dicho los consejeros es que no se dio un sustento técnico para determinar esa cifra (10 mil soles). Más aún, la gestión de la CMAN, la comisión que se encarga de ver las reparaciones, había planteado un nuevo monto.

La opinión de los consejeros antes, es que ese decreto no es el más conveniente de cara a desarrollar unas políticas de reparación.

Queremos que el Consejo de Ministros puede aprobar la moratoria al DS-051 que había sido aprobada el 16 de noviembre, ya que Isabel Coral aprobó modificar este decreto, puso un nuevo monto de reparación económica, propuso que el 31 de diciembre no sea una fecha final, propuso que sea abierto. Entonces, esa propuesta fue presentada al MEF y ha recibido las observaciones, luego fue llevada a la PCM, y hasta el momento no se sabe qué va a pasar, no hay una señal de la PCM. (Jairo Rivas)

Además, compartimos los documentos que el Consejo de Reparaciones le envió tanto a la extitular del Consejo de Ministros, Rosario Fernández Figueroa, como al actual jefe de la PCM, Óscar Valdés Dancuart. (Jack Hurtado Valera)

A: Rosario Fernández Figueroa

Oficia a Dra. Rosario Fernández sobre DS-051

A: Óscar Valdés Dancuart

Oficio a Primer Ministro Óscar Valdés (sobre DS-051)